El martes 21 de abril se aprobó por unanimidad el proyecto de Ley que
declara al 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia
Institucional en el aniversario de la masacre de Budge de 1987. El
objetivo de la fecha es recordar las violaciones a los derechos humanos
cometidas por fuerzas de seguridad y promover la adopción de políticas
públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos. La
Ley propone la inclusión de la fecha en los calendarios escolares para
que se realicen jornadas alusivas que apunten a la concepción
democrática de la seguridad respetando los Derechos Humanos. La ley
también dispone que se señalicen los lugares donde se han cometido
hechos de violencia institucional como forma de repudio y para evocar la
memoria colectiva.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso sancionaron la Ley Nº 26811 del diputado Leonardo Grosso del
Frente para la Victoria y responsable del Movimiento Evita. “Detrás de
la construcción semántica ‘violencia institucional’ se acumulan día tras
día víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas
por el accionar violento de las fuerzas de seguridad, abusos que van
desde detenciones arbitrarias hasta muertes por ‘gatillo fácil’”,
explicó el diputado Grosso. La violencia institucional es una de las
asignaturas pendientes de la democracia argentina. La falta de
respuestas de las políticas de seguridad desarrolladas y los hechos
graves de violencia policial en los últimos años pusieron en evidencia
la inviabilidad política del modelo de seguridad y las consecuencias de
la autogestión de las fuerzas policiales. Según estadísticas de la
Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, en los últimos doce
años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con
participación de integrantes de Fuerzas de seguridad. El 49% de estas
personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en
servicio. www.contralaviolencia.com.ar
